Los
testimonios de “Las fosas de la memoria” ciertamente eran muy conmovedores, con
los hijos de fusilados buscando a sus padres para más que cincuenta años. Como
afirmó Juliana Sánchez, saber la ubicación de la tumba es “un derecho” y por
eso, ella niega que la transición ha cumplido su propósito. “¿Estamos en un
país democrático? No me siento yo.” Sin embargo, lo que me impresionó más era
la dificultad en descubrir la última morada de tantas personas—en una fosa como
la de Málaga, ¿cómo se puede determinar quien es quien entre más que 4000
víctimas? Obviamente la dificultad de la obra no indica que no vale la pena,
pero pienso que las familias de las víctimas merezcan un esfuerzo más efectivo.
Es decir, la ley de la memoria histórica necesita muchos más recursos para
poder logar su meta o necesita cambiar su forma de cerrar esta herida vieja. El
gobierno necesita pensar ¿qué quiere la gente en realidad? ¿Saber la ubicación
o recibir una admisión de culpabilidad del estado?
Como aseveró Aida Lorenzo, la gente sólo quiere el reconocimiento formal del gobierno que los padres eran ilegalmente e injustamente fusilados. Más que sólo una hoja de papel como sugirió en su entrevista, lo que pide Lorenzo es el reconocimiento permanente de la gente española de lo que pasó en vez del pacto informal del silencio. De esta manera, quizás los recursos dirigidos a encontrar las fosas comunes sean mejor empleados en la educación o en construir más monumentos a las víctimas para honrarlas. Sin embargo, a la misma vez, no soy una víctima, no he buscado a mi padre para cincuenta años-por consiguiente, quizás la manera mejor de confrontar el pasado sea preguntar a la gente lo que quiere en un referéndum, si apoya la ley o no, etc. Por lo menos, La ley de la memoria histórica es un paso adelante para España en enfrentarse a un pasado casi increíble.
--Emma Fridel
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